El diputado socialista Raúl Puy repudió una vez más el accionar de la Unidad de Control de Espacios Públicos, UCEP, quien rápidamente entre gallos y medianoche reprimió esta madrugada a los vecinos cartoneros de la Plaza Roberto Arlt, en pleno centro porteño.
La violencia sostenida en momentos en que muchos porteños se entretienen con las noticias de algunos medios respecto de los romances de verano, oficia de pantalla en una ciudad donde se sigue avasallando con total impunidad los derechos de los sectores de mayor vulnerabilidad.
Macri descuenta que quizá, en épocas de verano y glamour a pocos pueda importarle la historia de los que no pueden vacacionar que son la mayoría en la ciudad, y especialmente aquellos que deben trabajar durante largas jornadas al rayo del sol.
El hecho fue denunciado por la solidaridad de los vecinos, que dieron cuenta de la presencia de dos camionetas blancas con el logo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Esmeralda entre Rivadavia y Bartolomé Mitre, pasada la medianoche según lo consignan los diarios Z y Tiempo Argentino.
Las bandas de la UCEP continúan operando y nosotros seguiremos denunciándolas ante cada atropello que reciban los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bregando por la defensa de sus Derechos Humanos. Es preciso insistir hasta el cansancio para que este tipo de bandas concluya su accionar definitivamente", expresó Puy.
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miércoles, 26 de enero de 2011
viernes, 7 de mayo de 2010
Puy: “A Macri le molestan las personas que viven en la calle”
Dos personas discapacitadas y en situación de calle denunciaron que un camión perteneciente a la empresa recolectora de residuos Urbasur les habría robado todas sus pertenencias. El diputado socialista Raúl Puy presentó un pedido de informes al Gobierno porteño, en el que exigió “respuestas serias y sinceras sobre tan grave situación”.
“Una vez más, los ciudadanos que viven en situación de indigencia son víctimas de la política de atropello y despojo que ejerce el Ejecutivo porteño sobre ellos. Es evidente que a Mauricio Macri, estas personas, le generan molestias y la forma más propicia que encuentra para resolver el conflicto es recurriendo a la indiferencia y a la violencia”, opinó Puy.
“El Jefe de Gobierno tiene la obligación de ofrecer una solución real y concreta, mediante la implementación de políticas sociales, tendientes a que esta gente pueda satisfacer sus necesidades básicas”, agregó.
“El año pasado, realizamos varios pedidos de informes y denuncias, junto a otros legisladores, solicitando respuestas sobre el proceder de la tristemente recordada UCEP, referidas al excesivo uso de la fuerza con que actuaba esta Unidad en sus procedimientos. Hoy, nos encontramos con que ha cambiado el nombre del organismo y el ministro responsable del área, pero las intenciones y la forma de actuar siguen siendo las mismas”, manifestó el diputado de Diálogo por Buenos Aires.
Al finalizar, Puy planteó que “el accionar violento de este tipo de procedimientos es repudiable desde todo punto de vista. No hay razón alguna que justifique el accionar, mediante el despojo, las amenazas y las agresiones, propio de épocas superadas. La Subsecretaría de Higiene Urbana, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y las empresas prestatarias bajo su jurisdicción deben actuar consecuentemente con estos principios y, si así no lo hicieren, identificar a los responsables y sancionarlos”.
“Una vez más, los ciudadanos que viven en situación de indigencia son víctimas de la política de atropello y despojo que ejerce el Ejecutivo porteño sobre ellos. Es evidente que a Mauricio Macri, estas personas, le generan molestias y la forma más propicia que encuentra para resolver el conflicto es recurriendo a la indiferencia y a la violencia”, opinó Puy.
“El Jefe de Gobierno tiene la obligación de ofrecer una solución real y concreta, mediante la implementación de políticas sociales, tendientes a que esta gente pueda satisfacer sus necesidades básicas”, agregó.
“El año pasado, realizamos varios pedidos de informes y denuncias, junto a otros legisladores, solicitando respuestas sobre el proceder de la tristemente recordada UCEP, referidas al excesivo uso de la fuerza con que actuaba esta Unidad en sus procedimientos. Hoy, nos encontramos con que ha cambiado el nombre del organismo y el ministro responsable del área, pero las intenciones y la forma de actuar siguen siendo las mismas”, manifestó el diputado de Diálogo por Buenos Aires.
Al finalizar, Puy planteó que “el accionar violento de este tipo de procedimientos es repudiable desde todo punto de vista. No hay razón alguna que justifique el accionar, mediante el despojo, las amenazas y las agresiones, propio de épocas superadas. La Subsecretaría de Higiene Urbana, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y las empresas prestatarias bajo su jurisdicción deben actuar consecuentemente con estos principios y, si así no lo hicieren, identificar a los responsables y sancionarlos”.
lunes, 16 de noviembre de 2009
Puy exige la renuncia de Piccardo y el despido de los integrantes de la UCEP
“Lo único que se logró fue más impunidad y desconcierto”, dijo el legislador socialista Raúl Puy, quien exigió la renuncia del ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por “la responsabilidad directa que le cabe con respecto al accionar represivo de la UCEP en contra de la integridad física y psicológica de personas sin techo”.
Además, el diputado manifestó: “con la decisión del cambio de funciones de la UCEP, acordada por Piccardo junto con la Defensora Titular del Pueblo, Alicia Pierini, lo único que se logró fue más impunidad y mayor desconcierto”.
Puy recordó que “Piccardo objetó siempre que no existían pruebas concretas sobre los hechos aberrantes que protagonizó la Unidad que, al día de hoy, sigue dependiendo de su ministerio. Por el contrario, la docena de denuncias realizadas por las víctimas de las patotas ante la Defensoría del Pueblo, los videos suministrados por el CELS y la denuncia penal radicada por la legisladora Liliana Parada son evidencias más que suficientes. La irresponsabilidad del ministro Piccardo ya no tiene límites”, dijo.
En el mismo sentido, el legislador de Diálogo por Buenos Aires pidió: “el inmediato desplazamiento de sus funciones del personal que integra la UCEP”. Puy explicó que “si bien la Justicia está investigando, estas personas no pueden seguir formando parte del Gobierno de la Ciudad, cuando todos sabemos bien que, en vez de brindarles ayuda y contención, son quienes se encargan en forma directa de golpear y maltratar a los ciudadanos más vulnerables”.
Por último, Puy dijo “desconocer el plan de la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, en cuanto a políticas de ayuda para la reinserción social y económica de las personas humildes y sin techo”.
Del acuerdo logrado entre Piccardo y Pierini, se desprendió que el Ministerio de Desarrollo Social porteño se iba a hacer cargo de esta problemática. “Sin embargo, hasta ahora, no presentó nunca un cronograma o plan sobre los pasos a seguir, para explicar de qué manera iba a trabajar al respecto”, cerró el diputado.
jueves, 5 de noviembre de 2009
Puy: “El acuerdo por la UCEP diluye las responsabilidades”
El legislador socialista Raúl Puy cuestionó el acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por diluir las responsabilidades del accionar de la UCEP y sus prácticas represivas, transgrediendo las normas del estado de derecho.
“Es coherente con la estrategia del gobierno de Macri de anteponer cortinas de humo con el fin de que la ciudadanía olvide la responsabilidad que le compete al Jefe de Gobierno ante las graves denuncias por el accionar de la UCEP, que aún no han sido aclaradas”, opinó Puy.En este sentido, el diputado se manifestó “completamente en desacuerdo con que los 26 empleados que conforman la UCEP continúen siendo parte de ella. Si bien la justicia determinará las responsabilidades que le corresponden a cada uno, consideró que, además, deben ser desplazados del organismo, ya que está comprobado que en los operativos de desalojo de personas que realizaron, cometieron violaciones muy graves a los derechos humanos “, dijo.
Por otra parte, Puy expresó: “El Director del Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Pollini, debería renunciar por ser el responsable directo de las personas que integran la UCEP. Es evidente que tanto Pollini como Piccardo están al tanto del tipo de operativos que realizan los empleados que tienen a su cargo, lo que indica que pudieron evitar los hechos de violencia que los miembros de la unidad protagonizaron y no lo hicieron”.
El legislador de Diálogo por Buenos Aires agregó: “Piccardo demostró un total desprecio por la dignidad y la vida de las personas humildes a quienes mandó a desalojar. Por este motivo, también debería brindar explicaciones a la justicia”.
jueves, 15 de octubre de 2009
La Legislatura debatirá sobre las patotas de la UCEP
La Legislatura porteña tratará hoy sobre tablas un pedido de informes que presentó el diputado socialista Raúl Puy sobre el accionar de la Unidad de Control de Espacio Público –UCEP-, cuya área depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Hace meses que venimos realizando gravísimas denuncias, confirmadas por testimonios de víctimas e informaciones periodísticas, referidas a la utilización de la fuerza, las amenazas y las agresiones físicas ejercidas por parte de personal de la UCEP. Este es otro claro ejemplo de la actitud fascista que profesa el Gobierno porteño”, señaló Puy.
En ese sentido, agregó: “Debido a que la Unidad de Control es la responsable de estos lamentables hechos violentos, que nos retrotraen a las peores épocas de nuestro país, le exigimos al ministro Juan Pablo Piccardo y al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri que brinden explicaciones sobre este tema”.
En el pedido de informes, el legislador de Diálogo por Buenos Aires reclamó que se informe sobre la nómina del personal asignado, quienes son los funcionarios responsables, cuales son sus funciones, horario de trabajo de todos los denunciados y de los operativos que estos cumplen.
Por otra parte, pidió que se explique la cantidad de vehículos que tiene asignados la Unidad y que se aclare el tipo de identificación de los móviles que utiliza actualmente.
Por último, Puy requirió a los funcionarios que aclaren lo sucedido en el operativo de desalojo ocurrido en Pasco 1200, el pasado 1 de octubre. En ese hecho, según consta en una denuncia, una mujer embarazada fue duramente golpeada y sufrió, como consecuencia, un desplazamiento de placenta, entre otros hechos registrados.
“Es urgente e indispensable una acción estatal que, además de intentar generarles un empleo a esta gente que se encuentra en situación de extrema pobreza, actúe solidariamente devolviéndoles la dignidad y el aprecio hacia su propia persona, mediante la implementación de políticas públicas efectivas, basadas en los derechos humanos y no en el mercado inmobiliario”, finalizó el legislador.
En ese sentido, agregó: “Debido a que la Unidad de Control es la responsable de estos lamentables hechos violentos, que nos retrotraen a las peores épocas de nuestro país, le exigimos al ministro Juan Pablo Piccardo y al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri que brinden explicaciones sobre este tema”.
En el pedido de informes, el legislador de Diálogo por Buenos Aires reclamó que se informe sobre la nómina del personal asignado, quienes son los funcionarios responsables, cuales son sus funciones, horario de trabajo de todos los denunciados y de los operativos que estos cumplen.
Por otra parte, pidió que se explique la cantidad de vehículos que tiene asignados la Unidad y que se aclare el tipo de identificación de los móviles que utiliza actualmente.
Por último, Puy requirió a los funcionarios que aclaren lo sucedido en el operativo de desalojo ocurrido en Pasco 1200, el pasado 1 de octubre. En ese hecho, según consta en una denuncia, una mujer embarazada fue duramente golpeada y sufrió, como consecuencia, un desplazamiento de placenta, entre otros hechos registrados.
“Es urgente e indispensable una acción estatal que, además de intentar generarles un empleo a esta gente que se encuentra en situación de extrema pobreza, actúe solidariamente devolviéndoles la dignidad y el aprecio hacia su propia persona, mediante la implementación de políticas públicas efectivas, basadas en los derechos humanos y no en el mercado inmobiliario”, finalizó el legislador.
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