Nuestro sistema democrático vive una seria crisis de legitimidad que está provocando el incremento de las acciones corporativas, afectando la representatividad republicana y, en general, debilitando la credibilidad de los partidos políticos.
Esta crisis puede ser analizada desde varias perspectivas diferentes pero, sin duda, uno de los factores que la genera –y alimenta constantemente– es la ligereza con que, algunas autoridades y dirigentes políticos, hacen manifestaciones y denuncias públicas de dudosa credibilidad pero que tienen el sentido y el efecto de producir un impacto mediático pernicioso, debido a que la verdad que lo refuta llega generalmente demasiado tarde y fuera de contexto.
Los impactos mediáticos, aunque sean efímeros, suelen contar con suficiente espectacularidad como para afectar, confundir o distraer a la opinión pública. Estos anuncios, impulsados por la necesidad mediática de mantener la atención pública, alcanzan una rápida difusión. En cambio las respuestas aclaratorias, que deberían revertir la credibilidad de la denuncia, no tienen suficiente trascendencia, con lo que el mal ya está hecho por el oportunismo político, siendo la principal afectada nada menos que la organización democrática de la sociedad.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el jueves 24 de enero de este año, hizo una denuncia pública sobre los sobreprecios que se pagaban en la compra de alimentos para comedores escolares, manifestando que durante la gestión de Aníbal Ibarra "…se inició este programa que implicaba el pago de un sobreprecio de dos millones de pesos por mes" y que "en muchos casos, parte de esa mercadería que debía ser entregada a los comedores, volvía al circuito comercial" –refiriéndose a la UPECAPS (Unidad de Proyectos Especiales para Compras de Alimentos para Programas Sociales)–. En otras palabras, la denuncia apuntaba: a) al sistema de compras deficiente, que permitía la corrupción; y b) a los funcionarios actuantes, que permitían el reingreso a la oferta comercial a los productos adquiridos.
A pesar de esta denuncia, breve tiempo después, por medio del Decreto 58/08 el Jefe de Gobierno, ratificaba la vigencia del mismo método de compras y la permanencia en el cargo del principal responsable de la actuación denunciada. Este hecho nos obligó a pedir un informe que aclara lo que parecía una obvia contradicción.
La respuesta oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones, fechada el 17. 06.08, explica, entre otras consideraciones, que la diferencia de precios entre la nueva licitación y la anterior se debió a dos causas: a) se amplió la lista de oferentes, generándose una mayor competitividad; y b) se mejoraron las condiciones de pago. Y que, consecuentemente, "…esta Dirección no ha llevado a cabo medidas administrativas para detectar el pago de sobreprecios…", lo que quiere decir que no se identificó acto delictivo alguno.
Ante la contradicción de manifestar la deficiencia de un sistema de compras y su prórroga de aplicación, el citado documento manifiesta "…que la modificación de un sistema de provisión de alimentos para el abastecimiento de necesidades básicas de una población con un alto grado de vulnerabilidad social operado durante más de seis años es una tarea que requiere no sólo la voluntad de hacerlo, sino la responsabilidad de hacerlo bien". Lo que se está diciendo es que este criticado programa en realidad había funcionado bien.
El citado documento aclara a continuación que "Es dentro de este marco que el mantenimiento de la operatoria de UPECAPS cuanto la designación del Sr. Ciorciari como titular de la Unidad hasta el 31 de diciembre de 2008 encuentran su fundamento." En otras palabras, está diciendo que tanto el Programa como su principal responsable fueron, por lo menos, eficientes.
En conclusión, la denuncia del Ing. Mauricio Macri era falsa. Sin embargo, una vez más el daño está hecho y el sistema democrático ha recibido un golpe más.
Raúl Puy
