El diputado Raúl Puy presentó un proyecto de ley a la Legislatura para premiar la "responsabilidad social empresaria". Podrán postularse las empresas radicadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 50 empleados y que no hayan suspendido o despedido personal durante el último ejercicio.
Un proyecto presentado por el diputado Raúl Puy intentará beneficiar a las empresas que demuestren responsabilidad social, en aquellos emprendimientos en donde parte de la ganancia no debe destinarse exclusivamente al usufructo personal de sus accionistas sino que debe, parcialmente, distribuirse entre los que hacen posible, con su mano de obra, la producción. Esta distribución debe concretarse con la distribución social de los beneficios que no necesariamente deben ser monetarios.
Este criterio se aplica normal y exitosamente en los países desarrollados con estructura económica capitalista, ya que es una manera clara de incrementar la calidad de vida de la población que implica el mayor consumo, herramienta esencial para el desarrollo económico integral.
Consideramos que estas actitudes empresariales deben ser incentivadas y destacadas. Es público y notorio la grave crisis financiera que el mundo está sufriendo cuyas consecuencias están repercutiendo en el ámbito local. Las empresas pueden encarar esta situación de dos maneras opuestas: reduciendo el gasto, incluyendo la disminución del personal o tratar de mantener el nivel de consumo general, no produciendo despidos. Esta segunda opción, que tiene una clara intención de solidaridad social, de hecho estaría demando un esfuerzo empresarial, lo que, de alguna manera, debería ser apoyado y destacado por el Estado.
Esta fue la intención que proponemos la creación de este premio a la responsabilidad social empresaria, que constará de un reconocimiento público y de un incentivo fiscal, otorgado por la Legislatura porteña a través de una comisión que asegurará la transparencia del procedimiento.
El premio consistirá en un Diploma de Honor más una rebaja del 50% del Impuesto a los Ingresos Brutos, liquidados en el respectivo ejercicio comercial. Podrán postularse las empresas radicadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera fuese su naturaleza jurídica, registrándose ante la Dirección General de Participación Ciudadana, debiendo cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Que su personal no sea menor de 50 empleados.-
b) Que en el último ejercicio comercial cerrado, no hubiere suspendido o despedido personal.
A los efectos consiguientes, se creará una Comisión Asesora que, analizando cantidad y calidad de beneficios sociales, no obligados por ley, que hubiera otorgado a sus empleados o familiares, establecerá un orden de mérito de las empresas postulantes. Esta comisión estará compuesta por un representante de cada uno de los bloques que integran la Legislatura, y por representantes de las Entidades Defensoras de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, oficialmente reconocidos por el Gobierno de la Ciudad.
El premio será anual y la misma empresa no podrá obtenerlo en dos períodos consecutivos.
Puy ya había presentado un pedido de informes, en el que le exigió al Poder Ejecutivo que cumpliese con la Ley 2035. Dicha normativa establece que el Gobierno porteño debe cumplir con los subsidios mensuales y especiales destinados a solventar los gastos corrientes y de capital de las Bibliotecas Populares.
