Las siete promesas de reinauguración y la ineficiencia de Macri

El diputado socialista Raúl Puy, reivindicó y acompaña a los más de 150 feriantes del Mercado de Pulgas en su continuo reclamo de apertura de las nuevas instalaciones del predio desde 2006, a quienes distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prometieron soluciones concretas que nunca llegaron.

El ex ministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Piccardo, prometió reabrirlo seis veces antes de dejar su cargo pero las palabras jamás se tradujeron en soluciones para los feriantes. El funcionario sólo se limitó a explicar que su gestión concluyó la obra civil, pero que cuando se hizo cargo del mercado no estaba contemplado el sistema de prevención de incendios.

Durante la posterior asunción de Santilli la situación no cambió demasiado y actualmente los feriantes se encuentran hacinados en un terreno inundable, que sólo ofrece cuatro baños químicos en pésimo estado.

En los primeros cuatro años de demora la Ciudad gastó 12 millones de pesos y durante la gestión de Santilli se sumaron 3,5 millones para la compra de caños, bombas colectoras, y un tanque de 120 mil litros de agua, sumado a contratos con la empresa Edenor.

"Exigimos una solución inmediata a la problemática de los feriantes: garantías de seguridad, higiene, estudios de impacto ambiental de la obra y rendición de cuentas de la utilización de cada uno de los fondos destinados a dicha obra", comentó Puy.

Y agregó que "se trata de un derecho innegable de todos los vecinos de Buenos Aires que es el derecho a la información. Una vez más el pueblo quiere saber de lo que se trata, fehacientemente y sin dilaciones", concluyó el legislador.

Puy exige la renuncia de Piccardo y el despido de los integrantes de la UCEP

“Lo único que se logró fue más impunidad y desconcierto”, dijo el legislador socialista Raúl Puy, quien exigió la renuncia del ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por “la responsabilidad directa que le cabe con respecto al accionar represivo de la UCEP en contra de la integridad física y psicológica de personas sin techo”.

Además, el diputado manifestó: “con la decisión del cambio de funciones de la UCEP, acordada por Piccardo junto con la Defensora Titular del Pueblo, Alicia Pierini, lo único que se logró fue más impunidad y mayor desconcierto”.

Puy recordó que “Piccardo objetó siempre que no existían pruebas concretas sobre los hechos aberrantes que protagonizó la Unidad que, al día de hoy, sigue dependiendo de su ministerio. Por el contrario, la docena de denuncias realizadas por las víctimas de las patotas ante la Defensoría del Pueblo, los videos suministrados por el CELS y la denuncia penal radicada por la legisladora Liliana Parada son evidencias más que suficientes. La irresponsabilidad del ministro Piccardo ya no tiene límites”, dijo.

En el mismo sentido, el legislador de Diálogo por Buenos Aires pidió: “el inmediato desplazamiento de sus funciones del personal que integra la UCEP”. Puy explicó que “si bien la Justicia está investigando, estas personas no pueden seguir formando parte del Gobierno de la Ciudad, cuando todos sabemos bien que, en vez de brindarles ayuda y contención, son quienes se encargan en forma directa de golpear y maltratar a los ciudadanos más vulnerables”.

Por último, Puy dijo “desconocer el plan de la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, en cuanto a políticas de ayuda para la reinserción social y económica de las personas humildes y sin techo”.

Del acuerdo logrado entre Piccardo y Pierini, se desprendió que el Ministerio de Desarrollo Social porteño se iba a hacer cargo de esta problemática. “Sin embargo, hasta ahora, no presentó nunca un cronograma o plan sobre los pasos a seguir, para explicar de qué manera iba a trabajar al respecto”, cerró el diputado.

Puy: “El acuerdo por la UCEP diluye las responsabilidades”

El legislador socialista Raúl Puy cuestionó el acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por diluir las responsabilidades del accionar de la UCEP y sus prácticas represivas, transgrediendo las normas del estado de derecho.

“Es coherente con la estrategia del gobierno de Macri de anteponer cortinas de humo con el fin de que la ciudadanía olvide la responsabilidad que le compete al Jefe de Gobierno ante las graves denuncias por el accionar de la UCEP, que aún no han sido aclaradas”, opinó Puy.

En este sentido, el diputado se manifestó “completamente en desacuerdo con que los 26 empleados que conforman la UCEP continúen siendo parte de ella. Si bien la justicia determinará las responsabilidades que le corresponden a cada uno, consideró que, además, deben ser desplazados del organismo, ya que está comprobado que en los operativos de desalojo de personas que realizaron, cometieron violaciones muy graves a los derechos humanos “, dijo.

Por otra parte, Puy expresó: “El Director del Ordenamiento del Espacio Público, Jorge Pollini, debería renunciar por ser el responsable directo de las personas que integran la UCEP. Es evidente que tanto Pollini como Piccardo están al tanto del tipo de operativos que realizan los empleados que tienen a su cargo, lo que indica que pudieron evitar los hechos de violencia que los miembros de la unidad protagonizaron y no lo hicieron”.

El legislador de Diálogo por Buenos Aires agregó: “Piccardo demostró un total desprecio por la dignidad y la vida de las personas humildes a quienes mandó a desalojar. Por este motivo, también debería brindar explicaciones a la justicia”.

La Legislatura debatirá sobre las patotas de la UCEP

La Legislatura porteña tratará hoy sobre tablas un pedido de informes que presentó el diputado socialista Raúl Puy sobre el accionar de la Unidad de Control de Espacio Público –UCEP-, cuya área depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hace meses que venimos realizando gravísimas denuncias, confirmadas por testimonios de víctimas e informaciones periodísticas, referidas a la utilización de la fuerza, las amenazas y las agresiones físicas ejercidas por parte de personal de la UCEP. Este es otro claro ejemplo de la actitud fascista que profesa el Gobierno porteño”, señaló Puy.

En ese sentido, agregó: “Debido a que la Unidad de Control es la responsable de estos lamentables hechos violentos, que nos retrotraen a las peores épocas de nuestro país, le exigimos al ministro Juan Pablo Piccardo y al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri que brinden explicaciones sobre este tema”.

En el pedido de informes, el legislador de Diálogo por Buenos Aires reclamó que se informe sobre la nómina del personal asignado, quienes son los funcionarios responsables, cuales son sus funciones, horario de trabajo de todos los denunciados y de los operativos que estos cumplen.

Por otra parte, pidió que se explique la cantidad de vehículos que tiene asignados la Unidad y que se aclare el tipo de identificación de los móviles que utiliza actualmente.

Por último, Puy requirió a los funcionarios que aclaren lo sucedido en el operativo de desalojo ocurrido en Pasco 1200, el pasado 1 de octubre. En ese hecho, según consta en una denuncia, una mujer embarazada fue duramente golpeada y sufrió, como consecuencia, un desplazamiento de placenta, entre otros hechos registrados.

“Es urgente e indispensable una acción estatal que, además de intentar generarles un empleo a esta gente que se encuentra en situación de extrema pobreza, actúe solidariamente devolviéndoles la dignidad y el aprecio hacia su propia persona, mediante la implementación de políticas públicas efectivas, basadas en los derechos humanos y no en el mercado inmobiliario”, finalizó el legislador.