jueves, 15 de octubre de 2009

La Legislatura debatirá sobre las patotas de la UCEP

La Legislatura porteña tratará hoy sobre tablas un pedido de informes que presentó el diputado socialista Raúl Puy sobre el accionar de la Unidad de Control de Espacio Público –UCEP-, cuya área depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hace meses que venimos realizando gravísimas denuncias, confirmadas por testimonios de víctimas e informaciones periodísticas, referidas a la utilización de la fuerza, las amenazas y las agresiones físicas ejercidas por parte de personal de la UCEP. Este es otro claro ejemplo de la actitud fascista que profesa el Gobierno porteño”, señaló Puy.

En ese sentido, agregó: “Debido a que la Unidad de Control es la responsable de estos lamentables hechos violentos, que nos retrotraen a las peores épocas de nuestro país, le exigimos al ministro Juan Pablo Piccardo y al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri que brinden explicaciones sobre este tema”.

En el pedido de informes, el legislador de Diálogo por Buenos Aires reclamó que se informe sobre la nómina del personal asignado, quienes son los funcionarios responsables, cuales son sus funciones, horario de trabajo de todos los denunciados y de los operativos que estos cumplen.

Por otra parte, pidió que se explique la cantidad de vehículos que tiene asignados la Unidad y que se aclare el tipo de identificación de los móviles que utiliza actualmente.

Por último, Puy requirió a los funcionarios que aclaren lo sucedido en el operativo de desalojo ocurrido en Pasco 1200, el pasado 1 de octubre. En ese hecho, según consta en una denuncia, una mujer embarazada fue duramente golpeada y sufrió, como consecuencia, un desplazamiento de placenta, entre otros hechos registrados.

“Es urgente e indispensable una acción estatal que, además de intentar generarles un empleo a esta gente que se encuentra en situación de extrema pobreza, actúe solidariamente devolviéndoles la dignidad y el aprecio hacia su propia persona, mediante la implementación de políticas públicas efectivas, basadas en los derechos humanos y no en el mercado inmobiliario”, finalizó el legislador.